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El PDeCAT y Puigdemont chocan por la financiación de la campaña electoral

La cúpula del partido recuerda que la mayoría del dinero proviene de sus subvenciones

El expresidente Carles Puigdemont posa junto a Elsa Artadi en Brujas, el pasado sábado
El expresidente Carles Puigdemont posa junto a Elsa Artadi en Brujas, el pasado sábado

La financiación de Junts per Catalunya mantiene enfrentados a la cúpula del PDeCAT y al equipo más cercano al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El partido aporta la mayoría de los 1,45 millones de euros que costará la campaña, pero su peso es muy reducido. Fuentes del PDeCAT descartan que se haya recortado la aportación, pero aseguran que “han dado realismo” al plan propuesto por el equipo de campaña liderado por Elsa Artadi.

“No habría campaña si el PDeCAT no pusiera el dinero”, recuerdan las fuentes de la formación que coordinan Marta Pascal y David Bonvehí. Puigdemont negó ayer en una entrevista al programa matinal de TV3 que haya un enfrentamiento por asuntos económicos. “Mi partido se ha integrado en Junts per Catalunya de manera entusiasta. Es una manera de servir a los intereses del pueblo de Cataluña”, dijo el expresidente.

El alumbramiento de la candidatura de Junts per Catalunya ya había generado roces entre la cúpula de la extinta Convergència y el entorno más cercano a Puigdemont, que se encuentra a la espera de que la justicia belga decida su extradición. El expresidente concibió una lista con muchos independientes y poco peso orgánico del PDeCAT, incluso ocultando las siglas.

La dirección del partido quería aprovechar la coyuntura para darle un giro a la propuesta política, marcando distancias con Esquerra y la CUP, pero también era consciente de que su única carta de cara al 21-D es Puigdemont, por lo cual se avino a sus condiciones. La presencia de militantes del partido en la lista es casi testimonial, al margen de los exconsejeros en prisión o de los que se encuentran en Bruselas.

La lista del presidente, por ejemplo, tiene su oficina propia, al margen de la del partido. Este gasto corre a cargo del presupuesto de campaña de 1.450.000 euros y que en su mayoría aporta el PDeCAT. Elsa Artadi, que estuvo en la dirección del partido hasta el pasado marzo, rompió el carné neoconvergente poco antes de incorporarse al núcleo duro de la candidatura. Mantuvo los contactos para confeccionar la lista al margen del PDeCAT y esa actitud despertó suspicacias dentro de la dirección del partido.

Subvenciones electorales

El PDeCAT hereda las subvenciones electorales de Convergència en Junts pel Sí de las últimas elecciones autonómicas, a las que concurrieron en coalición con los republicanos, y las aportará a Junts per Catalunya, pero no planea endeudarse. “Si no hay una firma por nuestra parte, no se puede utilizar dinero”, recuerdan fuentes del partido. El tira y afloja entre las dos partes lo negocia Francesc Sànchez, que ha sido asesor jurídico del partido.

 Según publicó ayer El Mundo, el partido no quiere pagar viajes a Bruselas. Un portavoz del PDeCAT niega este extremo y asegura que hay “un espíritu de colaboración económica” por parte de candidatos de Junts per Catalunya a la hora de asumir gastos como los viajes para visitar a Puigdemont. Artadi, por ejemplo, explicó a EL PAÍS que se ha pagado sus propios desplazamientos. Fuentes cercanas señalan que otros candidatos como Quim Torra, escritor y exdirector del Museo del Born, han manifestado en algunas reuniones su compromiso de responder por estos gastos a título personal. Sin embargo, miran con recelo algunos planteamientos de campañas maximalistas, “más propios de otros tiempos”.

El partido de Puigdemont no aclaró qué porcentaje del presupuesto de campaña proviene de sus arcas. Junts per Catalunya ha puesto en marcha un crowdfunding para captar recursos. Los 1,45 millones planificados son una cifra similar a la que Convergència se gastó en las autonómicas de 2015, sin contar el coste del envío de propaganda a los electores. La situación económica del partido se ve más acuciada por la posibilidad de tener que responder judicialmente por los 6,6 millones de euros del caso Palau.