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El Gobierno se enfrenta a un invierno caliente con los taxistas en pie de guerra

Dos sentencias del Supremo abren la vía para la concesión de otras 10.000 licencias a empresas como Cabify o Uber

Protestas de los taxistas en Madrid el pasado mes de mayo.
Protestas de los taxistas en Madrid el pasado mes de mayo.

El Gobierno se enfrenta a un invierno caliente con el sector del taxi en pie de guerra tras el varapalo que ha recibido por parte del Tribunal Supremo que ha concedido 80 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid. Como se temía el gremio del taxi, el fallo del Supremo abre el camino a que sean legalizadas otras 10.000 licencias VTC que se solicitaron antes de que se modificara la Ley de Transporte Terrestre en 2015, para limitar las licencias que usan empresas como Cabify o Uber ya que estos permisos se pidieron con anterioridad a ese reglamento.

Las sentencias del Supremo no hacen sino avivar la irritación del sector del taxi cuyas principales organizaciones (Fedetaxi, Asociación Cracol, Antaxi, Elite Taxi y la Plataforma TNT) ya habían convocado una macromanifestación para el próximo 29 de noviembre en el centro de Madrid para protestar por la "competencia desleal e ilegal" de las plataformas VTC.

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha pedido al Ministerio de Fomento "una respuesta inmediata". "Este es un problema originado por las administraciones públicas y son ellas quienes deben dar una respuesta inmediata, suficiente y estable al sector del taxi”. Para el presidente de la asociación mayoritaria del sector esta sentencia obliga a los taxistas a replantear sus estrategias y a aumentar las medidas de presión a las Administraciones Públicas. “Habrá que realizar más acciones de protesta antes y después del paro del día 29”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), Julio Sanz, señaló que las sentencias del Tribunal Supremo, confirman que “el Ministerio de Fomento engañó al colectivo y no garantizó la proporcionalidad vigente de 1 VTC por cada 30 taxis tal y como establece la legislación actual”. Según Sanz, estas sentencias permiten que, por ejemplo Jojucar obtenga por una licencia que le ha costado 0,05 euros hasta 40.000 euros en la transmisión de estas autorizaciones; en contra de la actual Ley de Transportes.

Medidas de Fomento

El Ministerio de Fomento -que se reunirá el próximo lunes, día 20, con Fedetaxi- ha reaccionado nada más conocerse las sentencias anunciando que aprobará antes de final de año el Real Decreto que prepara desde el verano para "evitar especulaciones" con medidas como prohibir la venta de licencias VTC en los próximos dos años o la creación de un registro público de todos sus servicios, para garantizar así que cumplen con el requisito de contratación previa y evitar que circulen por las calles en busca de clientes.

Los taxistas han convocado una manifestación el próximo día 29 de noviembre en Madrid.
Los taxistas han convocado una manifestación el próximo día 29 de noviembre en Madrid.

El departamento que dirige Íñigo de la Serna, recordó que el Estado se ha personado en el caso con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía judicial. Pero es consciente de sus limitaciones, y de que el Gobierno no tiene capacidad de actuar frente autorizaciones que se están otorgando los tribunales aunque supongan superar el actual ratio de limitación de una licencia de VTC por cada treinta del taxi, como ha admitido Fomento en un comunicado.

Esta consecución vía tribunales deriva de la liberalización que registró el sector entre los años 2009 y 2013, gracias a la Ley Ómnibus aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual Gobierno del PP volvió a regularlo en 2013 con la aprobación de la nueva Ley de Transporte Terrestre, imponiendo un ratio de una licencia de VTC por cada treinta de taxi, pero esta cuota no fue efectiva hasta que el cambio legal no se desarrolló reglamentariamente en 2015.

La batalla judicial la ganan las VTC

El Gobierno se enfrenta a un invierno caliente con los taxistas en pie de guerra

Las dos sentencias de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estima los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas; Jojucar recibirá 60 licencias y Gran Vía, 20.

En ambas sentencias, el Supremo subraya que en sus resoluciones "no entra en la legalidad o no del Real Decreto de 2015 que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, ya que las solicitudes examinadas se presentaron con anterioridad a su aprobación".

Por la fecha de presentación de las solicitudes, en 2014, lo que había que aclarar era si la petición podía ser denegada por aplicación directa de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es de 2013, o por el reglamento que la desarrolla, que es de 2015, y concluye que "no cabía dicha denegación".

El conflicto que enfrenta a los taxistas con las empresas de vehículos con conductor como Uber, Cabify o Unauto tiene abiertos otros frentes judiciales, ya que el pasado 28 de septiembre la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) presentó un escrito ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que observara la normativa vigente sobre limitación de concesiones de nuevas VTC.

Los taxistas recordaban entonces que la normativa vigente, mediante real decreto de 20 de noviembre de 2015, "limita la concesión de nuevas VTC" por las comunidades autónomas, si en sus ámbitos territoriales "observan un desequilibrio" entre taxis y VTC por existir una proporción entre ambos vehículos superior a 1 VTC por cada 30 taxis. Ahí radica la importancia de las sentencias del Supremo conocidas, que podrían suponer el inicio de una cascada de concesiones de licencias VTC.

En el contencioso también ha participado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en julio presentó ante el Supremo una demanda en la que pedía la nulidad de varios preceptos de la norma que regula la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) por imponer requisitos "desproporcionados". Posteriormente, el Tribunal reconoció la legitimidad de Uber, Cabify y Unauto, asociación mayoritaria del sector, a personarse en este recurso.