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La ‘eficacia’ catalana

Los datos demuestran que la ineficiencia de la burocracia catalana es como mínimo similar a la del resto de España, pero el discurso independentista promete una mejor gestión cuando tenga el control completo de la Administración

La ‘eficacia’ catalana

Un elemento importante del discurso independentista es la mayor capacidad de gestión que tienen las instituciones públicas catalanas, lo que permitirá un salto en eficiencia cuando tomen el control de la Administración. A lo que habrá que añadir los 16.000 millones adicionales que la independencia aportará a las arcas públicas catalanas, según Oriol Junqueras, hecho que ha sido rebatido de forma bastante convincente por Josep Borrell.

Ferran Mascarell, exdelegado de la Generalitat en Madrid, decía el pasado febrero: “El argumento no es que ‘España nos roba’, sino que el Estado es ineficiente”. ¿Reconoce el error en el cálculo del supuesto robo? Parece que sí. Más recientemente, en su libro Dos Estados insiste en la ineficiencia del Estado español, y, entre otros, utiliza los datos y argumentos de mi libro España estancada (2016). Ineficiencias que, presumiblemente, serán superadas en la Arcadia republicana.

Pero lo cierto es que las instituciones del autogobierno catalán adolecen de deficiencias similares, peores en algunos casos, a las del resto del Estado. Repasemos.

El grado de corrupción en la gestión política del Govern se encuentra en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas más irregulares. A la conocida práctica del 3%, con el que se ha ido financiando el que fuera partido dominante, CDC, y que ha llevado al procesamiento de la mayoría de los tesoreros del partido (como ha ocurrido con el PP nacional), se une el presunto enriquecimiento ilícito de personas del núcleo de Jordi Pujol (su propia familia, Millet, Prenafeta, Sumarroca, Maciá Alavedra y demás). También las frecuentes denuncias de amaños en las adjudicaciones y la alta concentración de los contratos de la Generalitat en pocas empresas, que ha continuado en tiempos más recientes, como pone de manifiesto la base de datos de la Fundación Civio para el periodo 2009-2015.

Caso flagrante de mala gestión y despilfarro es el de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona

Esta elevada corrupción se produce con la permisividad de los funcionarios, situación facilitada por la alta politización de la Administración autonómica, que lleva a que la carrera de los funcionarios dependa de las decisiones de los políticos. Carl Dahlström y Víctor Lapuente nos convencen en su reciente Organizing Leviathan, que la no separación de las carreras de los funcionarios y de los políticos es el peor modelo para controlar la corrupción y mejorar la eficiencia administrativa. Y es el que se da en España y, no en menor grado, en Cataluña.

En una Administración politizada es más probable que se dé una innecesaria proliferación de organismos de dudosa necesidad y de contratados públicos incorporados con escasa transparencia. En Cataluña se ha dado en grado sumo. Hay que recordar que esa inercia de inflar el número de contratados de libre designación condujo a que, en tiempos del tripartito, algunos de estos puestos se multiplicaban por tres para que todos tuvieran su favorecido.

La mala gestión y el despilfarro en las inversiones, tan frecuentes en las administraciones públicas españolas, se dan igualmente en Cataluña. Tienen un aeropuerto de escaso uso (el de Lleida), con el agravante de que la Generalitat estuvo subvencionando a Spanair para que volara desde Lleida (así el contribuyente pagaba el disparate dos veces). Pero el caso más flagrante de despilfarro y de mala gestión es el de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona. Las obras comenzaron en 2002 con un presupuesto de unos 2.000 millones y se iban a terminar en 2007. Hoy, 15 años después y gastados casi 17.000 millones, las líneas están muy incompletas y se ha abandonado la construcción del tramo que más uso podría tener en el norte de la ciudad. Hay estaciones sin abrir y muchos tramos de las líneas sin empezar. Según expertos, el diseño se había realizado sin estudios suficientes y las adjudicaciones se hicieron sin que las empresas hubieran presentado proyectos constructivos concretos. Naturalmente, en algunos tramos adjudicados aparece el 3%. Prohombres del procés como Santi Vila y Josep Rull estuvieron directamente implicados en la dirección política del proyecto. Otros casos de pagos de comisiones están judicializados, como el del Palau y el de los Sumarroca.

Cataluña es la segunda autonomía que menos facilidades da para crear una pyme industrial

Hay datos sobre la ineficiencia de la burocracia catalana. De acuerdo con el índice Doing Business 2015 del Grupo de la Banca Mundial, Cataluña está en el puesto 11 entre las 18 comunidades autónomas (incluyen Ceuta) en el coste (tiempo y dinero) para obtener una licencia de construcción de una planta, aspecto en el que España en su conjunto tiene un apreciable atraso. Y Cataluña está la penúltima de las 18 en las facilidades para poner en marcha una pyme industrial. En una encuesta realizada en 2006 por Metroscopia a empresarios catalanes, madrileños y andaluces, para un proyecto dirigido por mí y financiado por la Fundación Ramón Areces, los empresarios catalanes consideraban mayoritariamente que la tramitación de permisos y licencias y la falta de coordinación entre las Administraciones eran obstáculos grandes, en proporciones similares a las que revelaban los empresarios madrileños; y una cuarta parte de los empresarios catalanes valoraban como mala la diligencia y eficacia de su comunidad autónoma y solo el 12% la valoraba bien, algo peor que los madrileños.

El incumplimiento de normas por parte de la Administración catalana parece estar al orden del día, como en el resto del Estado. A juzgar por las enormes irregularidades en los concursos públicos que ya hemos comentado, la violación de normas en ese terreno y los fraudes de ley han debido ser harto frecuentes. En mi España estancada describo otro episodio de la política clientelar de la Generalitat, cuando participó activamente para que la concesionaria de autopistas ACESA incumpliera normas y sentencias judiciales y pudiera seguir explotando a los usuarios de importantes autopistas.

En el campo de la investigación científica es donde la gestión del Govern ha sido superior al resto de España. Dirigida por Andreu Mas-Colell, se ha seguido una política de fomento de la competencia y de la internacionalización de la investigación en un contexto de autonomía de la gestión. Y este modelo de gobernanza ha dado buenos resultados. Pero como decía Francisco Longo (EL PAÍS, 21.03.2014), no es correcto interpretar este éxito como prueba de que cuando el Govern ha tenido márgenes de decisión haya llevado a cabo políticas más innovadoras y eficaces. Lo cierto es que han tenido esos márgenes en innumerables áreas de los servicios públicos, sin que su gestión haya sobresalido de la media de las comunidades autónomas españolas.

En definitiva, ¿se sostiene la pretensión de Ferran Mascarell de que Cataluña está presa en la ineficiencia del Estado español? ¿O la gestión pública catalana es igualmente mediocre y Mascarrell está contagiado del supremacismo que se da en los nacionalismos más virulentos?

Carlos Sebastián es autor de España estancada (Galaxia Gutenberg 2016) y patrono de la fundación Hay Derecho.

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