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Ciudadanos, PSC y PP multiplican el envío de papeletas a domicilio para combatir el “miedo” a votar

El partido de Rivera eleva un 102% su gasto en 'mailing' en comparación con los comicios de 2015

Madrid / Barcelona

Ciudadanos, PSC y PP han decidido hacer un esfuerzo sin precedentes en el envío a domicilio de las papeletas electorales para combatir cualquier temor a votarles en las elecciones autonómicas del 21-D. Así, la candidatura de Inés Arrimadas gastará 750.000 euros en este apartado (un 102% más que en los comicios de 2015); el PSC llegará hasta los 900.000 euros (su presupuesto total aumenta un 22%); y el PP incluso enviará dos veces su mailing en poblaciones como Castelldefels, Santa Coloma de Gramanet o Badalona. Ningún partido independentista hará una inversión semejante.

Inés Arrimadas, en una imagen de archivo.

Antes del comienzo de una campaña extremadamente polarizada —y marcada tanto por el desafío independentista como por la aplicación del artículo 155 de la Constitución—, los tres partidos que se autodenominan constitucionalistas han decidido multiplicar el gasto en la partida de mailing. Su meta es facilitar que sus potenciales votantes puedan llegar a los colegios electorales con su sufragio en un sobre. Ninguno de los dirigentes consultados por EL PAÍS oculta el objetivo final: combatir el "miedo" a ser identificado como votante de Ciudadanos, el PSC o el PP en un momento de máxima tensión social.

“Vamos a hacer mailing a todos los votantes para evitar que nadie se quede sin votar por miedo a coger la papeleta”, resumió gráficamente el director de campaña de uno de los partidos constitucionalistas. “Siempre hemos tenido esa presión, pero ahora el enfrentamiento es más crudo”, añadió sobre los continuos desencuentros entre votantes de las opciones constitucionalistas y los de las independentistas. “Hay zonas de Cataluña donde la presión es muy dura”.

Los dirigentes de las tres formaciones decidieron hace días reforzar el envío de sus papeletas a las casas de sus electores potenciales. Todos coincidieron en que la posibilidad de desplazar a los independentistas del poder hacían necesarios los máximos esfuerzos. Las dificultades a las que se enfrentan los votantes de Ciudadanos, el PSC y el PP —así como sus miedos— quedaron dramáticamente reflejadas el viernes: la foto de varios muñecos ahorcados en un puente de la C-17 con las siglas de estas formaciones pintadas en el pecho recorrió como la pólvora las redes sociales.

“Nosotros tenemos mucho voto oculto”, argumentó Xavier García Albiol, el candidato del PPC, para explicar tanto que su partido ocupe el último lugar en las encuestas como que haya decidido un envío masivo de papeletas a los hogares de sus votantes potenciales. “Si añadimos el factor de que el PP haya aplicado el artículo 155, hay aún más miedo a manifestar el apoyo al PP”, añadió, describiendo escenas de votantes que se le acercaban para cuchichearle su apoyo, temerosos de que se conociera en público. “Por eso haremos un doble envío en determinadas zonas, como Badalona, Castelldefels o Santa Coloma de Gramanet”, siguió. Y recalcó: “Aspiramos a crecer con aquellos que votan al PP en las generales y no lo hacen en las autonómicas o se fueron a Ciudadanos”.

El valor que Ciudadanos otorga a esta campaña se evidencia al observar el fuerte incremento de los recursos económicos que destinará a la misma. Arrimadas aspira a gobernar, y su partido ha hecho un esfuerzo económico para financiar su campaña que supera ampliamente al de la de 2015, en la que logró 25 escaños.

Según los datos facilitados por la formación, el partido gastará 2,1 millones de euros en esta carrera hacia el 21-D. Esa cifra supone un 31% más que el importe invertido en los comicios autonómicos de 2015, cuando fue de 1,6 millones. Y este alza se explica, en buena parte, por la subida de la partida destinada al mailing, que se duplica respecto a la cita electoral de hace dos años —pasa de 371.000 euros a 750.000—.

Participación récord

Por su parte, el presupuesto del PSC para esta campaña es de 1.740.000 euros, un 21% más que en 2015. La cifra exacta de lo que invertirá la candidatura de Miquel Iceta en enviar sus papeletas a los hogares de los votantes catalanes es de 870.000 euros. Esa cifra se dispara hasta 1.255.000 euros si se le suma lo que se gastará en publicidad y en organizar actos en la calle, lo que representa un 72% del Presupuesto. Otros 383.000 euros (22%) son para costear material y servicios. El 6% restante se dedicará a gastos financieros y varios.

El PP, finalmente, empleará un total de 1,8 millones de euros en la campaña, aunque declinó desglosarlos por partidas.

Ninguno de los partidos independentistas gastará tanto en enviar propaganda electoral como Ciudadanos o el PSC: ERC invertirá 700.000 euros en mailing; JuntsxCat 600.000; y la CUP 200.000.

Todos los sondeos publicados apuestan por una participación que llegue o supere el 80%. De alcanzarse, ese porcentaje supondría un récord histórico en cualquier elección celebrada en los 40 años de democracia.

No obstante, para que eso ocurra es necesario que se movilicen miles de catalanes que no han votado en ocasiones anteriores. Y Ciudadanos, el PSC y el PPC tienen claro cómo lograrlo: enviándoles su papeleta a casa para que el miedo a ser señalados no les impida acudir a la cita con las urnas.

Las empresas decidirán cuándo pueden votar sus empleados

El Ministerio de empleo ha decidido que los empresarios sean quienes decidan cuándo pueden ir a votar sus empleados en la jornada electoral del 21 de diciembre.

Al ser día laborable, los empleados tienen derecho a disponer de cuatro horas para acudir a su colegio electoral. No obstante, y con objeto de facilitar la organización de la jornada de trabajo, la ministra Fátima Báñez ha decidido que sean los empleadores quienes decidan cuándo se podrá ejercer el derecho al voto.

“La determinación del momento de utilización de las horas concedidas para la votación, que tiene que coincidir con el horario establecido por el colegio electoral, es potestad del empresario o empresaria”, puede leerse en la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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